Concentración contra las leyes represivas en España

Desde varios colectivos se ha convocado una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno de Granada en Gran Vía este domingo 13 de Febrero a las 12 horas.

El acto exige el cese de las leyes represivas existentes en nuestro país y que se ha aplicado numerosas veces en nuestra ciudad. En concreto, contra la llamada Ley Mordaza y el aumento represivo que se ha desarrollado desde el aumento de la actuación en zonas públicas de los movimientos sociales.

Se avecina una nueva ley para modificar la anterior y en el borrador se ha podido comprobar que no va a modificar los puntos claves que facilitaban la represión. Por ello se ha redactado un manifiesto concretando lo necesario para evitar las barbaridades que hemos conocido recientemente, y que transcribimos a continuación:

NI LEY MORDAZA, NI MORDAZA MAQUILLADA

La Ley Mordaza se ha empleado de manera recurrente desde su aprobación en 2015 para desmovilizar a organizaciones, activistas, periodistas y ciudadanía en general que se moviliza en la defensa de los derechos humanos.

Dentro de muy poco se va a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, pero tal y como se ha planteado la reforma, la protesta seguirá amordazada. El acuerdo de gobierno para la reforma de la ley ha llegado con bastantes años de retraso, pero lo que es peor, no eliminará los elementos más lesivos para los derechos humanos, siendo un maquillaje a la Ley Mordaza.

Con la actual propuesta de reforma la Ley de Seguridad Ciudadana seguirá suponiendo una mordaza frente a la protesta pacífica. El derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión seguirían gravemente amenazados al no modificar en profundidad o eliminar los artículos que de manera recurrente han afectado gravemente al ejercicio de estos derechos.

Desde la aprobación de la Ley en 2015 hasta diciembre 2019, se impusieron cerca de 140.000 sanciones en base únicamente a dos artículos: resistencia, desobediencia o negativa a identificarse" (36.6) y "faltas de respeto a la autoridad" (37.4), suponiendo el 70% del total de sanciones impuestas en materia de seguridad ciudadana.

A pesar de que existen algunos avances en la propuesta como el reconocimiento del derecho a manifestación espontánea, la supresión de algunas infracciones problemáticas como las que sancionan las manifestaciones ante el Congreso de los Diputados o que se incluyan propuestas para adecuar la cuantía de las sanciones a los ingresos reales de la persona sancionada, queremos señalar 5 razones que nos llevan a considerar la propuesta gubernamental insuficiente, poco ambiciosa y poco valiente.

En primer lugar, porque mantiene la "presunción de veracidad" de los funcionarios policiales (art. 52), siendo este el aspecto más problemático de la ley, pues dificulta extraordinariamente la posibilidad de defenderse al recurrir una sanción, ya que, aportes lo que aportes, su palabra vale siempre más que la nuestra y la de nuestros testigos.
En segundo lugar, creemos que los derechos de reunión y de expresión e información seguirán amordazados:

 Se mantienen las infracciones más utilizadas para desmovilizar la protesta, como la del art. 36.6 que sanciona la “desobediencia”, o la “falta de respeto a agente de la autoridad” (art. 37.4).

 Se mantienen infracciones que permiten sancionar con entre 30.001 a 600.000€ a organizaciones que protesten ante infraestructuras críticas, o la que sanciona al convocante de
manifestación no comunicada (art. 37.1), y seguirá siendo la policía quien determine quién convoca cuando nadie convoca (art. 30.3).

 Tampoco plantea eliminar el artículo relativo a la “difusión de imágenes” de actuaciones policiales (26.23). Las actuaciones policiales deben poder ser documentadas tanto por periodistas como por la ciudadanía en general.

 También se mantiene la que más afecta a la PAH, la obstrucción a la actuación de comisión judicial (art. 36.4), siendo el funcionario quien habrá de decidir si parar un desahucio es una “obstrucción” o “un ejercicio de derechos fundamentales”.

 Tampoco se aborda de manera satisfactoria la prohibición del uso de balas de goma, ya que la tibia redacción que han propuesto deja margen para la interpretación policial sobre su uso.

En tercer lugar, pedimos la eliminación de las infracciones criminalizadoras de la pobreza, como son las relativas a: las infracciones que sancionan a los taxis de la droga, la venta ambulante, el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública o a las mujeres que ofrecen servicios sexuales.

En cuarto lugar, pedimos la no penalización del consumo y la tenencia de cannabis en la vía pública, al entender que no son un problema para la seguridad ciudadana de nadie.

En quinto lugar, no se suprimen las expulsiones sumarias o devoluciones en caliente y denunciamos que no se prohíbe expresamente la realización de redadas por perfil étnico o racial.

La propuesta de reforma no reduce los amplios poderes discrecionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ni establece adecuados mecanismos de control y rendición de cuentas, dejando la puerta abierta a actuaciones arbitrarias.

Por eso, las organizaciones firmantes, nos sumamos a las movilizaciones que el domingo día 13 la sociedad civil va a llevar a cabo en todo el territorio español, convocadas por la plataforma NO SOMOS DELITO, integrada por más de 230 organizaciones.

Denunciamos y nos movilizamos ante la vulneración de derechos y libertades de la Ley Mordaza como son la libertad de expresión, de reunión pacífica y de información. Y reclamamos que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana se alinee con las obligaciones internacionales contraídas por España en materia de derechos humanos, y que atienda a las advertencias de la ONU y a las recomendaciones del dictamen de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que instó a España a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana por su “potencial represivo”.